El Canal de Denuncias llega a los negocios a raíz de la publicación de la Ley de Protección del Informante. Dicho canal se ha convertido en una obligación para empresas con más de 50 trabajadores. Dicha ley se dicta en transposición de la norma comunitaria europea conocida como Directiva Whistleblowing. Esta Directiva perseguía la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión Europea.
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¿Cuál es el objetivo Canal de Denuncias?
La nueva normativa pretende fomentar la colaboración ciudadana para combatir infracciones normativas y actividades irregulares. En este contexto, el canal de denuncias es una herramienta útil que busca favorecer la comunicación de posibles conductas ilícitas que se cometen en el ámbito empresarial de manera segura y confidencial.
El objeto de la citada ley es fortalecer la cultura de cumplimiento en el marco empresarial. Cada empresa debe contar con un conjunto de principios y normas éticas que deben guiar su funcionamiento.
Además, la nueva ley se aprueba con el ánimo de proteger a las personas informantes. De este modo, al denunciar posibles conductas contrarias en su empresa no tendrán porqué hacer frente a posibles represalias. La protección se extiende tanto a trabajadores como a terceros vinculados a la misma:
- Proveedores
- Antiguos trabajadores
- Becarios
- …
Características del Canal de Denuncias
Debemos comprender que el Canal de Denuncias va de la mano con la protección de datos. Como te explicábamos antes, salvaguardar los datos personales de los denunciantes resulta vital. Para ello, las empresas deberán adoptar las medidas pertinentes para preservar la privacidad y confidencialidad de los datos del informante.
Además, la comunicación se realizará de forma anónima. El denunciante permanecerá en el anonimato durante todo el proceso. Dicha posibilidad se exceptuará únicamente cuando se inicie un proceso judicial.
El órgano de administración de la empresa es el encargado de implantar el canal de denuncias. Asimismo, nombrará a un responsable. La empresa puede nombrar a un responsable del departamento interno, o bien contratar un servicio externo, con el coste que ello supone. En todo caso, la persona responsable gestionará y tramitará las denuncias que se comuniquen en su empresa.
Sin embargo, la nueva ley permite, a su vez, presentar la denuncia directamente ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I) o bien ante el órgano autonómico correspondiente. Dicho organismo es una autoridad administrativa independiente que realiza funciones consultivas, administrativas y de gestión. Además, ejerce la potestad sancionadora.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I) proporciona a los denunciantes medidas de apoyo y de protección frente a represalias. Las personas afectadas tendrán derecho a recibir información y asesoramiento exhaustivo sobre el procedimiento que se siga, así como a la asistencia jurídica e incluso apoyo financiero y psicológico.
En relación con las medidas de protección, se garantizará que las personas informantes no incurran en ningún tipo de responsabilidad por dicha comunicación, y se les protegerá frente a cualquier represalia que puedan sufrir en consecuencia por parte de la empresa donde trabajen.
Un nuevo desafío para las empresas: consecuencias
Teniendo presente todo lo expuesto, la adopción de este nuevo canal de denuncias empresarial supone un reto. Los negocios que no superen los 50 trabajadores estarán exentos de acatar lo indicado en la ley. Sin embargo, aquellas empresas con más de 50 trabajadores deberán implementarlo en un plazo de nueve meses.
Como consecuencia, las empresas deben asumir nuevas obligaciones y cargas administrativas que provocan cambios en su organización y estructura. Por un lado, es indispensable que el responsable del canal de denuncias informe a los trabajadores de la existencia y funcionamiento del sistema interno de información, así como de la posibilidad de acceder a él voluntariamente. Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, es posible que algunas empresas, principalmente aquellas dotadas de menos recursos, deban asumir el coste de externalizar la gestión del canal de denuncias a servicios ajenos a la empresa. Por consiguiente, el deber de implementar el nuevo canal de denuncias puede suponer un mayor gasto para las pequeñas empresas.
En caso de que las empresas incumplan la obligación de implantar un canal de denuncias en los términos exigidos por la normativa, podrán ser sancionados por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I) con multas de entre 1.000 y 1.000.000 euros, en función de la gravedad de la infracción y del tipo de empresa que se trate.
En conclusión, el nuevo canal de denuncias es una expresión de la importancia que ha adquirido, tanto a nivel nacional como internacional, el fomento de la colaboración ciudadana para combatir conductas irregulares mediante el traslado de la información de forma segura y confidencial. En definitiva, la nueva normativa trata de incentivar la detección temprana de dichas conductas, así como promover la confianza de la ciudadanía hacia el ordenamiento jurídico.